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Martes, 30 de diciembre de 2008

La organización pro derechos humanos exigió acciones contra el retardo procesal

Provea dice que el aumento de magistrados no sirvió para acabar con el retardo en el TSJ (Venancio Alcázares)
A pocos días de cumplirse diez años de la reestructuración ordenada por la Asamblea Nacional Constituyente y de la aprobación de la Constitución que dejó exclusivamente en manos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) "la dirección, gobierno y administración" del Poder Judicial, los juzgados del país continúan mostrando los mismos vicios de siempre.

La afirmación la realizó el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) en su informe anual sobre la situación de las garantías fundamentales en el país, correspondiente al período comprendido entre octubre 2007 y septiembre de 2008.

En el capítulo del reporte referido al Derecho a la justicia, la organización aseveró que "en materia de independencia del Poder Judicial no se dan muestras de una objetiva separación de poderes, particularmente en temas que resultan fundamentales para la democracia y el ejercicio ciudadano".

Provea arribó a esta conclusión, luego de revisar el destino de 83 acciones interpuestas ante el máximo juzgado contra altos jerarcas del Estado, incluido el presidente Hugo Chávez; y de constatar que el 96% de ellas fueron desechadas o aún no ha habido ningún pronunciamiento (ver infografía).

Alertó que 81% de las peticiones rechazadas corrieron esa suerte por razones de forma. Ante esta situación la agrupación acusó al TSJ de "evadir poner límites al ejercicio de los poderes públicos, desnaturalizando de esta manera su rol de garante de los derechos ciudadanos frente a dichos poderes".

En el caso de los recursos que sí fueron admitidos (4%) informó que iban dirigidos contra el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Contraloría General de la República. Y destacó que ninguna acción contra el primer mandatario nacional, los diputados de la Asamblea Nacional o la fiscal general de la República fue declarada con lugar.

En su informe Provea también destacó "la cerrada coincidencia entre las decisiones del TSJ y las declaraciones de altos funcionarios del Gobierno" y puso como ejemplo el caso de las inhabilitaciones administrativas que el contralor Clodosbaldo Russián le impuso a dirigentes opositores.

Desde el Ejecutivo se aseguró que estas sanciones no suponían un doble castigo y que estaban previstas en la Carta Magna. En agosto pasado las salas Constitucional y Político Administrativa del máximo juzgado señalaron lo mismo.

La lentitud el principal escollo Como el "más grave problema" del sistema de administración de justicia. Así calificó Provea al retardo procesal y, por ello, demandó de las autoridades del TSJ que redoblen sus esfuerzos para combatir esta situación, sobre todo en materia penal, donde "está en juego la libertad del ser humano".

La organización defensora de los Derechos Humanos saludó la iniciativas como la creación de la Comisión Penitenciaria que se instaló en varias cárceles para revisar los expedientes de los reos y la creación de los jueces itinerantes.

Igualmente congratuló al máximo juzgado por haber dejado sin efecto la reforma al Código Penal que le arrebató a los presos por delitos como homicidio, secuestro y narcotráfico el derecho a disfrutar de beneficios procesales.

Sin embargo, Provea no sólo exigió que los tribunales de instancia tramiten con mayor celeridad las causas que reciben, sino que el Tribunal Supremo también lo haga.

"Llama la atención el retardo que presenta el TSJ en la toma de decisiones, si recordamos que uno de los argumentos esgrimidos para aumentar el número de magistrados (desde 20 hasta los 32 actuales) era acabar con el retardo", afirmó, al tiempo que recordó que el propio órgano rector del Poder Judicial admitió que en 2007 resolvió el 72,56% de los casos que recibió.

El TSJ, en su web, informó que en 2008 recibió 6.332 casos y decidió 7.944, lo cual supone una reducción ambos renglones frente al período previo cuando recibió 7.268 y decidió 9.788 (ver infografía).

jalonso@eluniversal.com





Juan Francisco Alonso
EL UNIVERSAL

Fuente: http://www.eluniversal.com/2008/12/30/pol_art_provea-denuncia-que_1207124.shtml

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