ONU: Una declaración de la Asamblea General afirma los derechos para todas las personas

66 Estados condenan las violaciones de derechos humanos basadas en la orientación sexual y la identidad de género

En lo que constituye una gran victoria para los principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 66 naciones de la Asamblea General de la ONU han respaldado hoy, 18 de diciembre, una declaración histórica que confirma que las salvaguardias internacionales de derechos humanos incluyen la orientación sexual y la identidad de género. Es la primera vez que se presenta ante la Asamblea General una declaración que condena los abusos contra lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero.
La declaración ha logrado un apoyo sin precedentes de los cinco continentes, incluidas seis naciones africanas. Argentina fue quien la leyó ante la Asamblea General. La redacción la coordinó un grupo transregional de Estados, entre los que se encontraban también Brasil, Croacia, Francia, Gabón, Japón, Noruega y Países Bajos.

Los 66 países reafirmaron “el principio de no discriminación, que establece que los derechos humanos se aplican por igual a todos los seres humanos independientemente de su orientación sexual o su identidad de género”. Manifestaron su “honda preocupación por las violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales basadas en la orientación sexual o la identidad de género” y declararon que “personas de todo el mundo sufren violencia, acoso, discriminación, exclusión, estigmatización y prejuicios a causa de su orientación sexual o su identidad de género”.
La declaración condena los homicidios, la tortura, las detenciones arbitrarias y la “privación de los derechos económicos, sociales y culturales, incluido el derecho a la salud”. Los países participantes instaron a todas las naciones a “promover y proteger los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su orientación sexual y su identidad de género”, y a poner fin a todas las sanciones penales contra personas a causa de su orientación sexual o su identidad de género.
Según cálculos de la Asociación Internacional de Lesbianas y Gays (ILGA) y otras organizaciones, más de seis decenas de países siguen teniendo leyes contra las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo. La mayoría de estas leyes son residuos de los gobiernos coloniales (http://www.hrw.org/en/reports/2008/12/17/alien-legacy-0 ). El Comité de Derechos Humanos de la ONU, que interpreta el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (uno de los tratados básicos de la ONU), afirmó en una decisión histórica anunciada en 1994 que esas leyes constituyen violaciones de derechos humanos, y que el derecho de los derechos humanos prohíbe la discriminación basada en la orientación sexual.
En todo el mundo se cometen de forma habitual violaciones de derechos humanos basadas en la orientación sexual y la identidad de género. Por ejemplo:

En Estados Unidos, Amnistía Internacional ha documentado graves patrones de abusos policiales contra lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero, incluidos incidentes que constituyen tortura y malos tratos. Estados Unidos se negó a firmar la declaración de la Asamblea General.
En Egipto, Human Rights Watch documentó una fuerte represión contra hombres sospechosos de mantener conductas homosexuales entre 2001 y 2004: centenares o miles de hombres fueron detenidos y torturados. Egipto se opuso activamente a la declaración de la Asamblea General.

La Comisión Internacional de Derechos Humanos para Gays y Lesbianas ha documentado cómo, en muchos países africanos, las leyes de sodomía y los prejuicios niegan la protección de sus derechos a las personas que practican relaciones homosexuales en el contexto de la pandemia de VIH/sida, y pueden, de hecho, criminalizar a los grupos afectados.

Los países signatarios se enfrentaron a la intensa oposición de un grupo de gobiernos que, sistemáticamente, tratan de bloquear la atención de la ONU hacia las violaciones de derechos basadas en la orientación sexual y la identidad de género. Sólo 57 Estados firmaron un texto alternativo promovido por la Organización de la Conferencia Islámica en el que, aunque afirmaban los “principios de no discriminación e igualdad”, manifestaban que los derechos humanos universales no incluían el intento de centrarse en los derechos de ciertas personas”.

Al principio, la Santa Sede había manifestado una enérgica oposición a la declaración de la Asamblea General, oposición que desató fuertes críticas de defensores y defensoras de los derechos humanos en todo el mundo. Sin embargo, en un importante cambio de actitud, la Santa Sede ha indicado hoy a la Asamblea General que ha pedido que se deroguen todas las sanciones penales a la conducta homosexual.

Este año se conmemora el 60 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y la declaración de la Asamblea General reafirma el alcance y la amplitud de los principios de la Declaración Universal. La declaración de la Asamblea General no es vinculante, pero reafirma lo que los órganos de derechos humanos han manifestado reiteradamente: que nadie debe sufrir violaciones de derechos humanos a causa de su orientación sexual y su identidad de género.

Navanetham Pillay, alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, respaldó enérgicamente la declaración. En un mensaje de vídeo, citó la decisión de Sudáfrica en 1996 de proteger la orientación sexual en su Constitución. Señaló “la tarea y el desafío de avanzar más allá de un debate sobre si todos los seres humanos tienen derechos” para “conseguir crear el clima que permita su realización”.

Desde la histórica decisión de 1994 del Comité de Derechos Humanos, expertos y expertas de la ONU han actuado repetidamente contra abusos dirigidos a lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero, como por ejemplo homicidios, violación, violencia, desapariciones y discriminación en muchos ámbitos de la vida. Los órganos de tratados de la ONU han pedido a los Estados que pongan fin a la discriminación en la ley y la práctica.
Otros órganos internacionales, como el Consejo de Europa y la Unión Europea, se han opuesto también a la violencia y la discriminación basadas en la orientación sexual y la identidad de género. En 2008, los 34 países miembros de la Organización de los Estados Americanos aprobaron por unanimidad una declaración en la que se afirmaba que la protección de los derechos humanos se extendía a la orientación sexual y la identidad de género.
Antes de aprobar la declaración, ese mismo día, la Asamblea General adoptó también una resolución en la que se condenan las ejecuciones extrajudiciales, y en la que se incluye una referencia de oposición a los homicidios basados en la orientación sexual. Uganda trató de eliminar esa referencia, pero la Asamblea General rechazó la enmienda por 78 votos contra 60.
Los signatarios de la declaración de la Asamblea General son:

Albania, Alemania, Andorra, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Bélgica, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Canadá, Cabo Verde, Chile, Chipre, Colombia, Croacia, Cuba, Dinamarca, Ecuador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Gabón, Georgia, Grecia, Guinea-Bissau, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Mauricio, México, Montenegro, Nepal, Nicaragua, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Paraguay, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Centroafricana, República Checa, la ex República Yugoslava de Macedonia, Rumania, San Marino, Santo Tomé y Príncipe, Serbia, Suecia, Suiza, Timor Oriental, Uruguay y Venezuela.