Ese fue el caso de las nueve muertes ocurridas en La Planta el pasado 27 de enero que dejó nueve reos muertos y al menos 17 heridos. Todos por arma de fuego. Pero cuentan los propios reclusos que al pabellón 3 había llegado un interno, que luego fue trasladado al 2, y que tenían una "deuda de sangre" porque uno de ellos había matado a un familiar de otro en la calle. Las malas miradas duraron varias semanas, pero ese miércoles, cuando ya parte de la visita había entrado, a alguien se le fue un tiro y lo que vino, según las palabras de los propios reos, fue "la guerra".

El primero de enero de 2007 arrancó en la cárcel de Uribana (Lara) con 18 muertos y 13 heridos, todos por arma de fuego. En 2008, a las 5.45 a.m. del 21 de enero, 8 granadas explotaron en Tocorón y luego siguió un tiroteo, siete reos murieron y cinco quedaron heridos,a causa de diferencias entre líderes.

Una paz insostenible

Humberto Prado, director de la ONG, Observatorio Venezolano de Prisiones, dice que en las prisiones la autoridad está revertida y son los reclusos los que tienen el control: "las leyes de los internos prevalecen y una violación a esa ley genera una mortandad, pero el MIJ no asume su responsabilidad".

Asegura que las masacres de enero y febrero son herederas de las rencillas que se generan en diciembre, cuando, tal como se le llama en prisión, "se canta una luz", un acuerdo de no agresión que permita a los internos pasar las fiestas en paz con la visita de sus familiares.

Dice que a veces lo que desata las muertes es la falta de pago de "una causa" que es la tarifa semanal que cancelan los internos a los líderes de su pabellón y que, en general, se usan para pagar municiones, armas, drogas, y, en menor medida, mantenimiento del lugar.

Pero no se trata de una muerte, sino de masacres, y la razón, según Prado, es que en prisión siempre se está en grupo: "para ir por la cabeza de uno, tienen que ir por todos". Además en prisión el principio es que "las culebras hay que matarlas", ejecutar las venganzas es indispensables porque convives con los enemigos.

Pero Prado asegura que la violencia que impera en el ambiente es muy conocido por las autoridades, pero dice que ellos se han acostumbrado a que su trabajo es ejecutar la burocrácia: firman traslados, mandan novedades al MIJ, entregan boletas de excarcelación, y así.

Pero el problema angular es desarmar a los internos y, según Prado, ellos no lo van a permitir. Para ello haría falta un personal calificado y acorde en número con la cantidad de internos, clasificación, ataque focal estructural al problema y ocupar a la población reclusa.

Para Prado hay decenas de muestras de la violencia, pero un ejemplo claro es que el presupuesto de 2010 para la alimentación son 11 Bs. F. diarios por interno: "Con eso no compras ni una comida en la arepera socialista. Alimentar a un ser humano no es darle un privilegio, pero un interno con la barriga vacía no piensa bien".

Hasta ahora el Ministerio no ha anunciado un plan de desarme en penales, ni ha llamado a algún organismo a colaborar: "la humanización es una mentira, porque en las cárceles impera otra ley", afirma Prado.