No a la impunidad para los criminales de guerra en Afganistán

Amnistía Internacional ha pedido al presidente de Afganistán, Hamid Karzai, y al Parlamento afgano que suspendan de inmediato la polémica legislación que concedería inmunidad frente al procesamiento a los autores de graves violaciones de derechos humanos, incluidos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en los últimos 30 años.

El proyecto de “Ley de Estabilidad y Reconciliación Nacional” fue aprobado por ambas cámaras del Parlamento afgano a principios de 2007 y publicado en el Boletín Oficial en noviembre de 2008 aunque, excepcionalmente, no se difundió públicamente hasta enero de 2010.   

Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos, entre ellas la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán, consideran que esta ley es un intento de dar cobertura legal a la impunidad de que siguen disfrutando los autores de violaciones de derechos humanos, incluidos los talibanes.

“Quienes respaldan este ‘proyecto de ley de impunidad’ deberían darse cuenta de que no pueden limitarse a borrar el historial afgano de gravísimas violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra en los tres últimos decenios a golpe de legislación. Ni pueden acallar las continuas reclamaciones de justicia y rendición de cuentas por parte de la población afgana”, señaló Sam Zarifi, director del Programa Regional de Amnistía Internacional para Asia y Oceanía.

“Existen verdaderas dudas en cuanto a la validez jurídica de este ‘proyecto de ley de impunidad’, ya que ninguna disposición de derecho interno puede inmunizar a los autores de crímenes internacionales. De hecho, el presidente Karzai no llegó a firmar el proyecto de ley, y no se ha divulgado públicamente hasta casi dos años después de que el Parlamento votara sobre él.”

Con arreglo a este proyecto de ley, quienes cometieron violaciones graves de derechos humanos y de las leyes de la guerra, como matanzas, desapariciones forzadas generalizadas y uso sistemático de tortura –incluida la violación–, ejecuciones públicas y otras formas de malos tratos, serían inmunes al procesamiento si se comprometieran a colaborar con el gobierno afgano.

“La trayectoria de los últimos ocho años es clara como el cristal: los intentos de satisfacer a los autores de abusos contra los derechos humanos sólo han servido para que se deteriore la seguridad y se erosione la legitimidad del gobierno. Muchas de las personas acusadas de abusos cometidos en el pasado ocupan en la actualidad destacados cargos públicos cuando pesan sobre ellos nuevos cargos de implicación en violaciones de derechos humanos” afirmó Sam Zarifi.

Según las disposiciones del proyecto, los talibanes que aceptaran cooperar con el gobierno afgano también serían inmunes al procesamiento. El gobierno afgano y quienes lo apoyan en el ámbito internacional señalaron como prioritaria la reconciliación con los talibanes durante la Conferencia de Londres celebrada en enero de 2010.

“La conveniencia a corto plazo en forma de reconciliación con los talibanes no debe primar sobre los derechos de la población afgana, en particular los de las mujeres y niñas afganas, que ya han sufrido bastante durante su sometimiento a las represivas estructuras talibanas. Los talibanes tienen un historial de espantosos abusos contra los derechos humanos, cuando gobernaban en Afganistán y también en la actualidad, en las zonas bajo su control. Hay que exigirles que respondan de sus actos, no garantizarles oficialmente la impunidad” afirmó Sam Zarifi.

“La población afgana ha dejado patente una y otra vez que aspira a un gobierno que garantice y proteja sus derechos humanos y que haga valer el Estado de derecho. Esta legislación es, sencillamente, un intento de desviar el curso de la justicia bajo el imperfecto disfraz de ofrecer seguridad.”

China debe liberar al activista de derechos humanos encarcelado tras un juicio injusto

Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades chinas que pongan en libertad al activista de derechos humanos Tan Zuoren, condenado hoy, martes, a 5 años de cárcel por "incitar a la subversión del poder del Estado."

Tan Zuoren ha sido declarado culpable de criticar al Partido Comunista Chino y al gobierno de la nación en sus artículos y blogs publicados en Internet, y colgados en sitios web extranjeros, en los que se hacía referencia al modo en que las autoridades reprimieron las manifestaciones de Tiananmen en 1989.

Roseann Rife, directora adjunta del Programa para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional, ha declarado: "Su detención, el juicio injusto al que fue sometido y ahora esta declaración de culpabilidad y condena no son sino ejemplos inquietantes de la forma en que las autoridades chinas aplican leyes imprecisas y genéricas para silenciar y castigar a las voces disidentes".

"Las autoridades chinas no pueden seguir diciendo que tratan a los defensores de los derechos humanos de conformidad con la ley cuando son ellas mismas las que infringen tantos de sus propios procedimientos legales en casos como este."

La sentencia la hizo pública esta mañana el Tribunal Popular Municipal Intermedio de Chengdu en China.

La esposa de Tan Zuoren, Wang Qinghua, se ha manifestado enérgicamente contra la condena y ha declarado a Amnistía Internacional: "Aunque lo hubieran encarcelado un solo día ya habría sido demasiado. Mi esposo no ha hecho otra cosa que ejercer su derecho a la libertad de expresión y ha escrito sobre la corrupción movido por su conciencia".

El juicio de Tan Zuoren, que se celebró el 12 de agosto de 2009, fue manifiestamente injusto e infringió la legislación procesal penal de China. Según informaron sus abogados, no pudieron solicitar la comparecencia de testigos de descargo ni proyectar un vídeo que habían preparado, y no pudieron realizar el alegato de defensa de su cliente.

Unos individuos que vestían uniforme y que aseguraron ser policías golpearon a uno de los testigos de la defensa, el aclamado artista internacional Ai Weiwei, a quien tuvieron detenido ilegalmente durante horas hasta que hubo concluido el juicio.

La policía local mantuvo detenidos en su habitación de hotel a dos periodistas de Hong Kong con la excusa de un registro en busca de sustancias estupefacientes, con lo que se les impidió informar sobre el juicio. La policía también impidió el acceso a la sala en que se celebraba el juicio a simpatizantes de Tan Zuoren, y sólo permitió la entrada de la esposa y de una de sus hijas. Funcionarios judiciales ocuparon el resto de asientos de la sala de juicios. Hoy se ha vuelto a hostigar a los periodistas que intentaban informar sobre los hechos en el tribunal.

Los jueces de la vista infringieron también la legislación procesal penal porque demoraron la sentencia cuatro meses sin explicación alguna a los abogados de Tan Zuoren.

Roseann Rife ha declarado: "Al silenciar a los defensores y defensoras de los derechos humanos, las autoridades chinas están negando a la sociedad un debate abierto y transparente y rechazando el concepto de rendición de cuentas. A medida que se condene a más activistas de derechos humanos sólo se conseguirá que las peticiones de justicia sean más clamorosas".

Sin derechos humanos no puede haber minería de bauxita ni refinería de aluminio en India

Las autoridades indias han ofrecido a las comunidades locales información escasa o engañosa sobre los posibles efectos del proyecto de minería de bauxita y la expansión de la refinería de aluminio en Orissa para su explotación por empresas subsidiarias de la corporación Vedanta Resources, con sede en Reino Unido.

El nuevo informe de Amnistía Internacional, titulado Don’t Mine Us out of Existence. Bauxite Mine and Refinery Devastate Lives in India, documenta la contaminación del aire y del agua que amenaza la salud de la población local y su acceso al agua, que se deriva de una refinería de aluminio operada en Orissa por una empresa subsidiaria de Vedanta Resources, corporación con sede en Reino Unido que figura en el índice bursátil del Financial Times.

“La población vive a la sombra de una refinería gigantesca, respirando aire contaminado y con miedo a beber y a bañarse en un río que es una de las principales fuentes de agua de la región –afirmó Ramesh Gopalakrishnan, investigador de Amnistía Internacional sobre el sur de Asia–. Resulta escandaloso que se haya ofrecido información mínima a las personas más afectadas por el proyecto.”

Indígenas adivasis, dalits y otras comunidades marginadas en la remota zona de Orissa, donde se ubica la refinería, han contado a Amnistía Internacional que las autoridades les dijeron que la refinería transformaría la zona en una ciudad como Bombay o Dubai.

La Junta Estatal de Control de la Contaminación de Orissa ha documentado contaminación del aire y del agua derivada de la refinería de Vedanta Aluminium en Lanjigarh, Orissa. Amnistía Internacional concluyó que la contaminación amenazaba la salud de la población local y su acceso al agua limpia, y sin embargo apenas se daba seguimiento a los índices de salud.

“Antes nos bañábamos en el río, pero ahora me da miedo llevar a mis hijos allí. Los dos han tenido erupciones y ampollas” dijo una residente local a Amnistía Internacional. La organización ha documentado muchos relatos como éste de personas que viven alrededor de la refinería.

Pese a estos motivos de preocupación y a la delicada ubicación de la refinería desde el punto de vista ecológico –junto a un río y varias poblaciones–, el gobierno está estudiando una propuesta de multiplicar por seis la actividad de la refinería. Ni las autoridades indias ni la empresa, Vedanta, han dado a conocer la información relativa al alcance de la contaminación y sus posibles efectos en las comunidades locales.

La empresa Orissa Mining Corporation y otras empresas subsidiarias de Vedanta Resources tienen también previsto explotar una mina de bauxita en las colinas próximas de Niyamgiri. La mina prevista pone en peligro la misma existencia de la comunidad indígena protegida de los dongria kondh, formada por 8.000 miembros, que habita esas colinas desde hace siglos. A pesar de que los dongria kondh consideran esas colinas sagradas y esenciales para su supervivencia física, económica y cultural, no se ha establecido un proceso para buscar el consentimiento informado de esta comunidad.

Un indígena dongria kondh contó a Amnistía Internacional: “Hemos visto lo que les ha pasado a otros adivasis cuando han tenido que abandonar sus tierras tradicionales: lo han perdido todo”.

“La población de Orissa está entre las más pobres de India y la contaminación que produce la refinería pone en peligro su salud. Vedanta Resources y sus empresas asociadas hacen caso omiso de sus voces, al igual que el gobierno local de Orissa. Los cambios sobre el terreno no se han consultado debidamente a la población local, y sin embargo son sus vidas y sus posibilidades de sobrevivir los que están en juego” afirmó Ramesh Gopalakrishnan.

Amnistía Internacional ha pedido garantías al gobierno de India y a Vedanta Resources de que no seguirán adelante con sus planes de expansión de la refinería y las actividades de minería hasta que se hayan resuelto los problemas existentes. Además, la organización ha instado a celebrar consultas plenas con la población local y ha pedido a las autoridades indias que pongan en marcha un proceso destinado a conseguir el consentimiento libre e informado de la comunidad dongria kondh.

Más información
Esta tierra es nuestra. Explotación minera pone en peligro a una comunidad indígena de India (folleto de campaña, 29 de julio de 2009)
Éste es mi hogar. Una refinería trastorna la vida de personas en India (folleto de campaña, 29 de julio de 2009)
India: No me quiten mi hogar
India: No exploten nuestras vidas

Ban Ki-moon "pierde una oportunidad" en la rendición de cuentas sobre Gaza

El secretario general de las Naciones Unidas ha "perdido una oportuniad" al no entrar a valorar la credibilidad de las investigaciones realizadas por israelíes y palestinos sobre las violaciones del derecho internacional cometidas durante el conflicto de Gaza y el sur de Israel hace poco más de un año, ha declarado Amnistía Internacional hoy viernes.

"Resulta muy decepcionante y ha supuesto una oportunidad perdida para contribuir a garantizar que se rindan cuentas por los cientos de víctimas del conflicto", ha dicho Philip Luther, director adjunto del Programa Regional para Oriente Medio y Norte de África de Amnistía Internacional.

Ban Ki-moon dijo el jueves que “no puede llegarse a ninguna conclusión” sobre si israelíes y palestinos están cumpliendo la resolución de la Asamblea General de la ONU de noviembre de 2009, que instaba a ambas partes a llevar a cabo investigaciones ”independientes, fidedignas y conformes a las normas internacionales”.

La resolución también pedía al secretario general que informara a la Asamblea General, en el plazo de tres meses, sobre su aplicación con vistas a considerar otras medidas. La resolución estaba basada en el informe Goldstone, que acusaba a ambas partes de haber cometido crímenes de guerra.

El secretario general explicó la ausencia de una valoración afirmando que “los procesos iniciados” por el gobierno de Israel y la Autoridad Nacional Palestina estaban “en curso”.

Sin embargo, Amnistía Internacional considera que la información recibida bastaba para mostrar que las medidas tomadas por ambas partes han sido claramente inadecuadas, y cree que en el informe debería habérseles transmitido este mensaje.

Amnistía Internacional insta al secretario general de la ONU a que ponga remedio a la situación realizando de inmediato una valoración independiente de las medidas tomadas por ambas partes para resolver la cuestión de la rendición de cuentas y solicitar la aportación del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y a otros expertos independientes en derecho internacional humanitario y de derechos humanos. Amnistía Internacional escribió a Ban Ki-moon el 20 de noviembre de 2009 con una recomendación similar.

Esta valoración deberá ponerse a disposición de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad en los próximos meses y proporcionará una base sólida para decidir si son necesarias nuevas medidas a fin de garantizar la rendición de cuentas por ambas partes. Una de estas medidas adicionales podría ser que el Consejo de Seguridad remitiera la situación en Gaza a la Corte Penal Internacional.

Amnistía Internacional considera que las respuestas presentadas al secretario general de la ONU por los representantes israelí y palestino demuestran que ninguna de las partes ha dado los pasos necesarios para llevar a cabo investigaciones “independientes, fidedignas y conformes a las normas internacionales”.

La organización ha calificado la respuesta de las autoridades israelíes de “totalmente inadecuada”, ya que las investigaciones llevadas a cabo por ellas hasta la fecha no han cumplido “las normas internacionales de independencia, imparcialidad, transparencia, prontitud y efectividad”.
 
La respuesta oficial palestina a Ban Ki-moon fue remitida por el observador permanente de Palestina ante las Naciones Unidas e incluía una carta del primer ministro Salam Fayyad, de la Autoridad Nacional Palestina controlada por Fatah en Cisjordania.

La carta indica que se ha creado recientemente una comisión de investigación en Cisjordania, pero que aún no se ha llevado a cabo ninguna investigación sobre las denuncias concretas de violaciones del derecho internacional perpetradas durante el conflicto.

Documentos hechos públicos esta semana por el Ministerio de Justicia de la administración de facto de Hamás en Gaza, como respuesta a la petición de investigaciones de la Asamblea General, no ofrecen pruebas de investigaciones que se ajusten a las normas internacionales y se centran en refutar las denuncias de abusos < cometidos por grupos armados palestinos o en justificarlos.

Diez años después, sin justicia para las víctimas de los homicidios en Chechenia

“Cuando a día de hoy camino por Grozni no veo las casas o las tiendas reconstruidas. Sigo viendo personas muertas y los rostros de quienes las mataron.” Elvira Dombaeva, superviviente de los homicidios de Novye Aldy.

Diez años después del homicidio de un gran número de civiles en un suburbio de la capital de Chechenia, Grozni, las autoridades rusas siguen negando justicia a los familiares de las personas asesinadas.

La mañana del 5 de febrero de 2000, las fuerzas de seguridad rusas mataron al menos a 56 hombres y mujeres en el asentamiento de Novye Aldy.
 
En febrero de 2000 había disminuido la intensidad del conflicto armado de Chechenia, que había comenzado en octubre de 1999. Muchas de las personas que allí residían empezaban a salir de los sótanos y a volver a las calles cuando las tropas entraron en Novye.

Los vecinos y vecinas de Novye Aldy no enterraron a sus muertos inmediatamente, pues esperaban que las autoridades llegaran hasta allí e investigaran la atrocidad.

Durante un decenio, Rusia no ha pedido cuentas a nadie a pesar de los indicios que relacionan este crimen con miembros del OMON, el escuadrón policial para operaciones especiales.

“Cuando por fin, dos días después, pudimos recuperar los cuerpos, no podíamos cerrarles los ojos. Era invierno y tuvimos que verter agua templada sobre los ojos para poder cerrárselos”, declaró a Amnistía Internacional Elvira Dombaeva, una superviviente de los homicidios.

En los meses posteriores a los homicidios, fiscales y activistas de derechos humanos chechenos reunieron información fidedigna que señalaba a las tropas como responsables del crimen. En 2006, el gobierno ruso confirmó que el 5 de febrero de 2000 una unidad del OMON había llevado a cabo un “operación especial” en la localidad y que más de 50 personas habían sido víctimas de homicidio en Novye Aldy en esa fecha.

No obstante, según la información de que dispone Amnistía Internacional, las autoridades no han intentado seriamente identificar o castigar a las personas que participaron en los homicidios. Mientras, los fiscales que han intentado investigar el caso han visto su tarea obstaculizada.

“El caso de Novye Aldy es un claro ejemplo de la ineficiencia del sistema judicial ruso y de la falta de voluntad política por parte de las autoridades rusas de realizar una investigación y de llevar ante la justicia a las personas responsables de los crímenes contra la población civil en Chechenia”, ha señalado David Diaz-Jogeix, directo adjunto del Programa Regional para Europa y Asia Central.

En julio de 2007, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó que se habían violado el derecho a la vida y la prohibición del uso de la tortura y de otros malos tratos por parte de Rusia, responsable de la muerte de 13 personas que residían en Novye Aldy. Al no obtener justicia en Rusia, sus familias presentaron una denuncia en el Tribunal. Aún así, todavía nadie ha sido llevado ante la justicia.

Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades rusas que proporcionen justicia a las víctimas de los homicidios de Novye Aldy. Sólo mediante la identificación, la detención y el enjuiciamiento de las personas responsables, las autoridades rusas pueden demostrar que respetan el derecho a la vida y la ley.

Los peligros a los que se enfrentan las mujeres embarazadas en Nicaragua

La activista Ana María Pizarro relata para Amnistía Internacional cómo las mujeres embarazadas corren peligro de perder la vida por el deficiente sistema de salud pública nicaragüense y por la prohibición del aborto en el país.

"Muchas jóvenes dicen: 'Yo no me puedo embarazar en este país'."

No puede haber una ley en Nicaragua dirigida a penalizar algo que sólo ocurre en el cuerpo de las mujeres, porque desde ese mismo momento ya no somos iguales ante la ley.

Las mujeres en Nicaragua tienen temor de formar una familia, de embarazarse. Muchas jóvenes dicen: "Yo no me puedo embarazar en este país porque tengo temor que una complicación me lleve a perder la vida".

Yo trabajé 10 años en el servicio público. Antes había un comité de análisis para la interrupción del embarazo, que se hacía en los hospitales públicos. Ahora en los hospitales públicos se deja morir a las mujeres por el temor. Hay casos de mujeres (embarazadas) que tienen enfermedades que pueden ser tratables y no se las trata.

Las mujeres que tienen recursos pueden pagar un aborto (clandestino) y las mujeres pobres tienen que seguir acudiendo a métodos rudimentarios y peligrosos que no les permiten tener un aborto en condiciones seguras.

Estamos generando un problema de justicia social porque en ambos casos las mujeres pueden ir a la cárcel. La diferencia es que las pobres se van a morir y las que no son pobres no van a tener ningún riesgo porque van a conseguir profesionales que les hagan un aborto en condiciones seguras.

Uno de los casos que conozco ocurrió en Condega, en el interior del país.

Una joven de 25 años llegó un domingo a las 5 de la mañana a un centro de salud donde se le hace un diagnóstico de aborto provocado. En dos horas, la enfermera y la médica del centro de salud logran hacer la denuncia en la policía y a las 7 am ya la policía esta dentro del centro de salud interrogando a la joven.

La médica, mientras hace el legrado la filma, y le toman fotografías, desnuda. Luego la policía le toma fotográficas mientras le estaban haciendo el legrado, siempre desnuda.

El lunes la trasladaron al hospital y la denunciaron en la fiscalía. La fiscalía envió el caso a medicina forense, hacen un dictamen médico forense y el martes está siendo acusada en los juzgados. Todos la interrogaron mientras ella estaba con suero y la estaban tratando.

La médica le dijo que no necesitaba abogado, la obligaron a declarar e incriminarse. La obligaron a contar con detalles como había sido el procedimiento del aborto.

Sin juicio le dictaron seis meses de arresto domiciliario, que es lo que la ley prevé. Como la obligaron a declarar en su contra, no hubo necesidad de entrar a juicio. Ella está cumpliendo su sentencia en este momento.

Todos actuaron con una celeridad increíble. Nada de esto ocurre con los violadores, con los asesinos, con los abusadores de mujeres ni con el tema de corrupción o violencia que afecta tanto a Nicaragua.

Ucrania deja en libertad a un opositor bielorruso

Amnistía Internacional ha acogido con satisfacción la noticia de la liberación del músico y activista de la oposición bielorruso Igor Koktysh, que ha permanecido en un centro de prisión preventiva en Ucrania, durante dos años y medio.

Igor Koktysh ha permanecido detenido en Ucrania desde junio de 2007, después de que Bielorrusia solicitase su extradición al acusarlo de haber cometido un asesinato en Bielorrusia en 2001, delito del que fue absuelto en 2002. El activista quedó en libertad el lunes.

Amnistía Internacional cree que las autoridades bielorrusas lo acusaron por su activismo social y político. Antes de quedar en libertad, la organización consideraba a Igor Koktysh preso de conciencia.

Desde su casa de Ucrania, Igor Koktysh agradeció el jueves a Amnistía Internacional "el esfuerzo realizado". Dijo que todavía se está adaptando a la libertad y que su principal preocupación es su salud.

La liberación de Igor Koktysh se produce a raíz de una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictada el 10 de diciembre de 2009. El activista había presentado una demanda ante el Tribunal en octubre de 2007.

En un principio, la Fiscalía General de Ucrania declaró que quedaría en libertad en marzo de 2010, una vez que el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos fuese definitivo, pero quedó en libertad el 2 de febrero.

En su sentencia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó que Igor Koktysh no debía ser extraditado a Bielorrusia, pues estaría gravemente expuesto a sufrir tortura u otros malos tratos y podría ser sometido a un juicio sin las debidas garantías y condenado a la pena de muerte.

El Tribunal afirmó que no existía fundamento legal alguno que justificara su reclusión, lo que obligaba a Ucrania a dejarlo en libertad. Asimismo, declaró que las condiciones en las que se encontraba recluido en Ucrania equivalían a trato inhumano y degradante.

Igor Koktysh está acusado del “asesinato premeditado con agravantes” de un familiar de un amigo íntimo. Este cargo, en virtud del artículo 139 del Código Penal de Bielorrusia, es punible con la pena de muerte.

Permaneció recluido desde enero de 2001 hasta que fue juzgado en diciembre de 2001. Durante ese tiempo, lo sometieron presuntamente a tortura y otros malos tratos, como propinarle palizas o encerrarlo desnudo en una celda helada, además de privarle de la medicación que precisa para su condición asmática, con el fin último de obtener de él una “confesión”.

Igor Koktysh ha contado a Amnistía Internacional que, mientras estuvo privado de libertad en Bielorrusia, el investigador jefe del distrito de Brest le dijo que él sabía que no era culpable de ningún delito, pero que se encontraba bajo una gran presión de sus superiores. El investigador se negó a repetir estas palabras ante el tribunal.

Después de probar que se encontraba en otra ciudad cuando se cometió el asesinato, fue absuelto y liberado. El Tribunal Supremo de Bielorrusia confirmó la sentencia el 1 de febrero de 2002.

Tras quedar en libertad, Igor Koktysh se marchó a vivir y trabajar a Ucrania, donde conoció a su esposa. En abril de 2002, el fiscal general de Bielorrusia recurrió la sentencia y el caso fue trasladado otra vez a los tribunales para someterlo a un nuevo juicio.

Actualmente, Igor Koktysh está tramitando su solicitud para obtener la condición de refugiado en Ucrania. Amnistía Internacional ha dicho que seguirá monitoreando los avances que se produzcan con respecto a su solicitud de asilo y el pago de la indemnización decretada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Se pide a los gobiernos que condenen la prohibición del aborto en Nicaragua

La ONU debe pedir a Nicaragua que revoque su prohibición del aborto tras el examen de la situación de los derechos humanos en el país el 8 de febrero, ha declarado hoy jueves Amnistía Internacional.

Durante el examen periódico universal de la ONU a que será sometido Nicaragua, los Estados Miembros tendrán la oportunidad de formular preguntas sobre la prohibición absoluta del aborto en ese país.

El Código Penal revisado de Nicaragua, que entró en vigor en julio de 2008, prevé penas de prisión para las mujeres y niñas que intenten abortar, así como para los profesionales de la salud que faciliten servicios de salud relacionados con el aborto. La prohibición incluye casos en los que corre peligro la vida de la mujer y cuando el embarazo es consecuencia de una violación o de un incesto.

“La prohibición del aborto en Nicaragua es resultado de una ley escandalosa y draconiana que obliga a las víctimas de una violación y de un incesto a llevar a término su embarazo, y está causando un aumento de las muertes maternas —ha declarado Widney Brown, directora general de Derecho Internacional y Política de Amnistía Internacional—. Los Estados Miembros de la ONU deben aprovechar esta oportunidad para hacer que Nicaragua rinda cuentas de una ley que viola los derechos de las mujeres a la vida, a la salud y a la dignidad.”

La organización también ha reiterado su petición a las autoridades nicaragüenses de que despenalicen el aborto en todas las circunstancias. Amnistía Internacional ha afirmado que Nicaragua debería garantizar que las mujeres y niñas tienen acceso a un aborto sin riesgos y legal cuando el embarazo no deseado es consecuencia de una violación o de un incesto, o cuando corra peligro la salud o la vida de la mujer.

El Código Penal revisado prevé sanciones penales para los profesionales de la medicina y la enfermería que traten a una mujer embarazada por afecciones como el cáncer o emergencias cardiacas cuando el tratamiento pueda causar lesiones o la muerte del embrión o el feto.

El Código Penal nicaragüense entra en conflicto con las Normas y Protocolos para la atención de complicaciones obstétricas, publicados por el Ministerio de Salud, que prevé el aborto terapéutico como respuesta clínica para casos concretos.

Los investigadores de Amnistía Internacional han concluido que, en Nicaragua, la prohibición absoluta del aborto afecta en concreto a jóvenes de corta edad que son víctimas de violación o incesto.

Según un estudio de informaciones publicadas en los medios de comunicación entre 2005 y 2007, 1.247 niñas fueron violadas o víctimas de incesto en Nicaragua. Según los informes, 198 de estos delitos acabaron en embarazo. La inmensa mayoría de las niñas que quedaron embarazadas como consecuencia de una violación o un incesto (172 de las 198) tenían entre 10 y 14 años.

La organización también halló un aumento de las muertes maternas desde que entró en vigor la prohibición.

En las primeras 19 semanas de 2009, alrededor del 16% de las muertes maternas se debieron a un aborto realizado en condiciones peligrosas, frente a ninguna durante el mismo periodo de 2008.

A pesar de que cuatro comités de expertos establecidos en virtud de tratados —el Comité contra la Tortura, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Comité de Derechos Humanos y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer— ya han condenado esta ley y han pedido su revisión, el gobierno de Nicaragua sigue ignorando estos llamamientos.

“La ley nicaragüense que penaliza el aborto va en contra de los consejos de cuatro órganos de vigilancia de tratados de la ONU y hace que Nicaragua incumpla las obligaciones que ha contraído en virtud de las leyes internacionales de derechos humanos —afirma Widney Brown—. Nicaragua debe revocar esta ley inmediatamente y promulgar leyes y políticas que promuevan los derechos de las mujeres y niñas garantizando sus derechos a la salud, la vida y a no ser víctimas de violencia, coacción y discriminación.”

La prohibición del aborto en Nicaragua suscita honda preocupación en la comunidad internacional en general. Decenas de miles de activistas de Amnistía Internacional, horrorizados por el impacto de esta prohibición en los derechos humanos de las mujeres y las niñas, han firmado peticiones y se han puesto en contacto con las autoridades nicaragüenses para pedir la revocación de la ley.

El examen periódico universal ofrece la oportunidad de que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU estudie la situación de los derechos humanos en todos los Estados Miembros de la organización. Cada país es objeto de examen cada cuatro años con el fin de garantizar que los Estados cumplen la totalidad de sus obligaciones en materia de derechos humanos.

Desesperación de las víctimas del vertido por obtener justicia

Las víctimas de la catástrofe del vertido de residuos tóxicos de Trafigura han relatado su desesperada y angustiosa espera para averiguar si recibirán alguno de los 45 millones de dólares estadounidenses de la indemnización que se les debe.

Ante la perspectiva de no recibir dinero las víctimas se encuentran desoladas.  

En el último episodio de la batalla legal que se está librando, la Corte Suprema de Costa de Marfil ha decretado el embargo provisional del dinero que iba a ser transferido a un grupo que afirma falsamente representar a las víctimas.

Se produjo una protesta internacional después de que a finales de enero un tribunal de apelación resolviera que un grupo, conocido como Coordinadora Nacional de Víctimas de Residuos Tóxicos de Costa de Marfil (CNVDT-CI), debía recibir el dinero de la indemnización.  

Varias de las víctimas se habían puesto previamente en huelga de hambre para llamar la atención sobre su difícil situación.

Karim Kourouma, representante de las víctimas, dijo a Amnistía Internacional: "Las víctimas se encuentran muy angustiadas, están desesperadas".

"Si este dinero va a parar a manos de la CNVDT-CI, existe un riesgo real de que las víctimas no reciban su dinero. Se trata de una organización falsa que no tiene un mandato legal y que fue constituida de forma repentina el año pasado.”

"Más de 20.000 víctimas presentaron una petición al tribunal de apelación en la que manifestaban que la CNVDT-CI no las representa."

Genevieve Diallo, que tiene derecho a la indemnización, afirmó: “La decisión nos ha dejado totalmente conmocionados. La justicia se ha vuelto ciega. ¿Cómo es posible? Ahora estamos muy angustiados y puede suceder cualquier cosa".

El 8 de febrero la Corte Suprema decidirá si el dinero que debía ser transferido debe seguir embargado. Si el tribunal decide levantar el embargo, el dinero vuelve a estar en riesgo inminente de ser transferido a la cuenta bancaria de la CNVDT-CI.

“Esta es la última oportunidad de hacer justicia con las miles de personas que han sufrido la tragedia de este vertido de residuos tóxicos y a quienes se les debe el dinero de la indemnización que les corresponde legalmente", ha declarado Benedetta Lacey, asesora especial de Amnistía Internacional que ha trabajado estrechamente en este caso.

A finales de 2009, CNVDT-CI afirmó que representaba a unas 30.000 víctimas que habían demandado a Trafigura en Reino Unido. En septiembre de 2009, los demandantes y Trafigura habían llegado a un acuerdo extrajudicial de 45 millones de dólares estadounidenses.

En realidad, todos los demandantes están representados por el bufete Leigh Day & Co y, con arreglo a las condiciones establecidas en el acuerdo de Reino Unido, aprobado por el Tribunal Superior de este país, sólo Leigh Day tiene el mandato para repartir el dinero entre todas y cada una de las víctimas.

“En octubre del año pasado, Leigh Day & Co estaba preparado para realizar los pagos a cada una de las víctimas", ha señalado Benedetta Lacey.

"Entonces, de repente, surge este grupo exigiendo que todo el dinero se deposite en su cuenta bancaria. Es indignante que se haya permitido que llegue tan lejos esta falsa reclamación."

En agosto de 2006, unos desechos tóxicos llegaron a Abiyán a bordo del carguero Probo Koala, fletado por la empresa petrolera Trafigura. La carga tóxica fue vertida en varios lugares de los alrededores de la ciudad, causando una tragedia de derechos humanos.

Más de 100.000 personas precisaron atención médica por diversos problemas de salud y hubo informes de 15 muertes.
 
El 23 de septiembre de 2009, el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales aprobó el acuerdo de 45 millones de dólares estadounidenses al que habían llegado casi 30.000 víctimas de los vertidos tóxicos y Trafigura.

Deben investigarse los homicidios de Madagascar y procesarse a los autores

Las autoridades de Madagascar deben abrir con carácter urgente investigaciones imparciales sobre decenas de homicidios cometidos por las fuerzas de seguridad durante más de un año de protestas antigubernamentales, y hacer que los responsables comparezcan ante la justicia, afirma Amnistía Internacional en un informe que ha dado a conocer hoy jueves.

El peor incidente, que se saldó con la muerte de por lo menos 31 personas y varios heridos, se produjo el 7 de febrero de 2009, cuando la Guardia Presidencial del presidente Marc Ravalomanana abrió fuego con munición real contra manifestantes desarmados de la oposición que marchaban hacia el palacio presidencial en la capital, Antananarivo.

“Las autoridades malgaches deben investigar de inmediato todos los casos de presuntos homicidios ilegítimos cometidos por las fuerzas de seguridad, así como todos los casos de uso de armas de fuego que se hayan saldado con muertos o heridos de gravedad. Los responsables de actos de violencia contra manifestantes pacíficos deben ser sometidos a la justicia”, ha declarado Erwin van der Borght, director del Programa para África de Amnistía Internacional.

Se han recibido informes sobre violaciones de derechos humanos durante todo un año de disturbios políticos en Madagascar, desencadenados por el cierre por el presidente Marc Ravalomanana, en diciembre de 2008, de una emisora de televisión propiedad de Andry Nirina Rajoelina, alcalde a la sazón de Antananarivo.  

Los disturbios continuaron después de que la Alta Autoridad de Transición (Haute Autorité de la Transition, HAT), encabezada por Rajoelina, llegó al poder el 17 de marzo de 2009. Este organismo no ha sido reconocido ni por la Unión Africana ni por la Comunidad para el Desarrollo del África Austral.

Desde esa fecha, las fuerzas de seguridad de la HAT han intervenido a menudo para dispersar protestas de la oposición, causando muertos y heridos.

En algunos casos las manifestaciones se tornaron violentas. Sin embargo, las autoridades no abrieron investigaciones sobre los incidentes ni sobre los hechos que se saldaron con heridas de gravedad de manifestantes o viandantes.

El 23 de abril de 2009, un hombre de 24 años ingresó en un hospital tras recibir un disparo en el hombro y ser golpeado después con pistolas por agentes de las fuerzas de seguridad, cuando volvía a su casa desde una mezquita.

“No había manifestaciones en aquel momento y sólo vi a los soldados cuando fui herido. No sé por qué dispararon —declaró el herido a Amnistía Internacional—. Nadie de los tribunales ni de la policía vino a verme al hospital para realizar una investigación.”

Miembros del Parlamento y del Senado malgache, abogados y líderes de la oposición política han sido sometidos a arrestos y detenciones arbitrarios e ilegítimos, concretamente después de la llegada al poder de la HAT, en marzo de 2009. Según los informes, algunos de los arrestados sufrieron malos tratos durante su detención.

Las autoridades malgaches, tanto con el gobierno del presidente Ravalomanana como con la HAT, han actuando contra periodistas y medios de comunicación, y han adoptado medidas para silenciar a periodistas considerados demasiado críticos hacia quienes están en ese momento en el poder, incluida la clausura de emisoras privadas de radio y televisión.

Un equipo de mediación integrado por representantes de la Unión Africana, la Comunidad para el Desarrollo del África Austral, la Organización Internacional de Países Francófonos y la ONU realiza labores de mediación entre los principales partidos políticos, en un intento de resolver la crisis.

La crisis política que afectó a Madagascar durante 2009 fue desencadenada por el cierre, la noche del 13 al 14 de diciembre de 2008, de la emisora de televisión Viva, propiedad de Andry Nirina Rajoelina, alcalde a la sazón de la capital, Antananarivo.

Esta decisión del gobierno del presidente Marc Ravalomanana exacerbó una situación ya tensa entre el gobierno, por un lado, y la oposición política y el alcalde del área urbana del municipio de Antananarivo, por otro.

A principios de 2009, la oposición organizó varias manifestaciones multitudinarias contra el presidente Marc Ravalomanana. El 17 de marzo de 2009, tras la presión popular de Rajoelina y su movimiento, el presidente Ravalomanana firmó una orden por la que disolvió el gobierno y concedió plenos poderes a una junta militar.

Ese mismo día, los miembros de la junta militar traspasaron, a su vez, a Rajoelina los poderes que les habían sido conferidos.