Juicio a Karadzic ¿cicatrizan las heridas?

La reanudación, el pasado septiembre, del juicio contra Radovan Karadzic ante el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, constituye un enorme paso adelante en el proceso de impartir justicia a las decenas de miles de víctimas de Bosnia y Herzegovina. Pero ¿son suficientes unos cuantos juicios en La Haya, de gran repercusión, para que cicatricen las heridas abiertas por las terribles violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto? Amnistía Internacional ha instado en repetidas ocasiones a los países de la región a complementar el trabajo del Tribunal con esfuerzos exhaustivos para investigar y juzgar los miles de crímenes más en los que participaron sospechosos de grado medio y bajo para los que ese tribunal no tiene capacidad.

Si bien la reanudación del juicio contra Karadzic ha devuelto protagonismo al Tribunal de La Haya, para cuya clausura el Consejo de Seguridad de la ONU ha recomendado la arbitraria fecha de 2010, nuestra organización alberga serias dudas sobre los esfuerzos que se están haciendo para que los sistemas locales de justicia penal cumplan su cometido. Las víctimas de crímenes como asesinato, violación y expulsión forzada llevan casi 13 años, desde el final de la guerra, pidiendo justicia y continúan sufriendo sin que se haya aclarado la verdad ni se les hayan ofrecido reparaciones. Por ejemplo, en Croacia, Amnistía Internacional ha criticado la ausencia de investigaciones y juicios sobre crímenes cometidos por el ejército y la policía croatas, entre ellos el asesinato y la desaparición forzada de más de 100 serbocroatas en la región de Sisak durante la guerra de 1991 a 1995. En Montenegro, los procesos han sufrido obstrucciones políticas y su efectividad está en entredicho. En Serbia, las investigaciones avanzan lentamente, y la independencia de la magistratura es cuestionable. En Kosovo, faltan investigaciones y juicios efectivos, en particular en los casos de delitos de violencia sexual, y además no se ha protegido a los testigos y cada vez son menos los jueces y fiscales internacionales. Los responsables de más de 3.000 casos de desapariciones forzadas y secuestros continúan impunes.

Por otro lado, aunque en Bosnia y Herzegovina se ha establecido una Sala de Crímenes de Guerra con el respaldo de la comunidad internacional, tememos que la retirada prevista del personal internacional menoscabe su eficacia. A medida que aumenta la presión por el desmantelamiento del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, es necesario intensificar los esfuerzos por garantizar los beneficios a largo plazo de unos sistemas de justicia nacionales fortalecidos. Asimismo, debe proseguir la supervisión internacional de los juicios nacionales por crímenes de guerra mientras no se acometan las reformas necesarias para que se pueda hacer justicia.

Guantánamo, juicio sin garantías

El pasado 7 de agosto Salim Hamdan fue condenado a cinco años y medio de prisión en el primer juicio ante una comisión militar estadounidense de Guantánamo. El fiscal había pedido una condena de al menos 30 años. Se considera cumplida la parte de la condena correspondiente a los 61 meses y 8 días que ha pasado bajo custodia en Guantánamo desde que se consideró por primera vez que reunía los requisitos necesarios para ser sometido a juicio, en 2003. Esta decisión se tomó con el sistema anterior de comisiones militares, autorizado por orden presidencial pero declarado ilegal posteriormente, en 2006, por la Corte Suprema de Estados Unidos.

En un sistema ordinario de justicia, esto significaría que sería puesto en libertad en menos de cinco meses. Sin embargo, el 5 de agosto el Pentágono sugirió que Salim Hamdan quedara sometido a detención indefinida como “combatiente enemigo”, con independencia de la sentencia dictada contra él.

Matt Pollard, asesor jurídico de Amnistía Internacional, ha manifestado que la sentencia condenatoria de Hamdan ha estado basada en un procedimiento que ha “incumplido fundamentalmente las normas internacionales sobre juicios justos”. “Imponer así una pena no puede, por tanto, más que agravar la injusticia del juicio y las demás violaciones de derechos humanos cometidas durante sus muchos años de detención ilegal”, ha añadido Pollard.
El marco de leyes y normas en que actúan las comisiones militares es básicamente incompatible con el derecho internacional y ha recibido críticas en todo el mundo. Sin embargo, parece que las autoridades estadounidenses tienen pensado seguir con él y someter a muchos más detenidos de Guantánamo a estos procedimientos ilegales.
El sistema de comisiones militares adolece de deficiencias fundamentales y debe suprimirse. Seguiremos haciendo campaña para que todo juicio de detenidos de Guantánamo se celebre ante tribunales civiles ordinarios de Estados Unidos, sin que se recurra a la pena de muerte, y para que el centro de detención de Guantánamo se cierre.

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